Los caminos que Chile tiene que pavimentar

Paola Ortega

Cada día más personas con discapacidad se integran al mercado laboral, mejorando su calidad de vida, la de sus familias y aportando al desarrollo del país. Esto es el resultado de la combinación de dos factores: la Ley de Inclusión Laboral, que entró en vigencia en abril de 2018 y que hoy obliga a las empresas con más de 100 empleados a contar con el 1% de sus colaboradores con discapacidad, y el impulso de la imparable industria de la innovación, que genera nuevas tecnologías que facilitan o derechamente permiten que las personas con discapacidad puedan desarrollar una actividad remunerada, presencial o trabajar remotamente.

Para tener una idea, en nuestro país hay 2.606.914 personas mayores de 18 años con discapacidad, de acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015. Y según los resultados que arroja el mismo estudio, sólo el 39,3% de personas con discapacidad está trabajando. Es decir, casi un 60% se encuentra inactivo.

Por eso es tan importante abordar la inclusión laboral de personas con discapacidad apoyándonos de la innovación tecnológica, ya que nos permite reducir las brechas sociales. La tecnología además posibilita la accesibilidad en espacios públicos y recreativos, y acerca a las personas con discapacidad a la transformación digital, expandiendo el teletrabajo. En este marco, surge Inclusión Challenge como el gran desafío para la innovación tecnológica y social que reúne a emprendedores y empresas como Accenture y Walmart que lideran innovaciones en inclusión.

Además, son las personas con discapacidad sensorial las que más emplean tecnologías en su puesto de trabajo (81%), seguidas por las personas con discapacidad física (60%) y las personas con discapacidad intelectual/psíquica (26%).

Sin embargo, queda mucho por hacer si consideramos que hay países que ocupan cuotas de inclusión más elevadas que las nuestras, como el caso de Argentina. El Estado trasandino está obligado a contratar una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal, según la Ley 25.689 de Argentina. Mientras que hace siete años, Perú promulgó la Ley General de la Personas con Discapacidad, la cual exige a las empresas del sector privado a que un 3% de la planilla tenga algún tipo de discapacidad y el 5% en el sector público.

En el caso de Chile, la Ley de Inclusión Laboral puso como cuota el 1% y desde su entrada en vigencia los números proporcionados por las empresas a la Dirección del Trabajo (DT) dan cuenta de un despegue en materia de contratación laboral para personas con discapacidad, pero que aún no es suficiente.

Hasta el 15 de julio de 2019, la DT registró 17.968 contratos. De estos, 10.083 corresponde a contratos de personas con discapacidad que existían antes de la vigencia de la ley y 7,854 se registraron después del 1 de abril de 2018.

Nuestra iniciativa, Expo Inclusión, que este año se realizará en Santiago, Antofagasta y Concepción, involucra el esfuerzo conjunto de muchos actores que pueden hacer el cambio: autoridades de gobierno, empresas, academia, trabajadores con discapacidad y decenas de emprendimientos de desarrolladores de tecnologías para la integración.

Sin embargo a este círculo virtuoso de colaboradores hay que sumar un aspecto clave: la educación. El primer informe Mundial sobre Discapacidad (2011) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la relación entre niños con y sin discapacidad que reciben educación primaria es de 1 por cada 4. A nivel de educación básica la situación es dramática: ni siquiera el 2% de los niños con discapacidad asiste a la escuela en naciones en vías de desarrollo. Por eso más de las tres cuartas partes de las personas con discapacidad viven por debajo de la línea de pobreza.

Es un imperativo ético y social avanzar hacia políticas de inclusión exitosas y una sociedad comprometida con la integración y la diversidad. En ese camino, nuestro aporte es convocar a todos los actores que ya son parte de esta gran cumbre de la inclusión laboral para personas con discapacidad, con la finalidad de visibilizar un tema donde aún hay mucho por hacer en nuestro país.