Miércoles 25 de agosto del 2010

El Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) nació en junio de 2003 con la Ley 19.882, con el objetivo de contribuir a profesionalizar la administración pública. Formó parte del acuerdo político entre gobierno y oposición para llevar adelante la Modernización del Estado, en especial mejorar la probidad y eficiencia de la gestión.
Se creó como parte de la nueva Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), dependiente del Ministerio de Hacienda, encargada del personal del Gobierno Central. Una de sus funciones es la selección de candidatos para llenar los cargos directivos de las entidades estatales.
El criterio principal es que los cargos de exclusiva confianza presidencial se limiten a las cabezas de las entidades que formulan las políticas de Gobierno, mientras la selección de la ADP corresponda a organismos que las ejecutan y tienen las tareas de evaluación y control.
Dispone de un Consejo de cinco miembros, cuatro propuestos por el Presidente de la República al Senado y presidido por el director del DNSC, autoridad designada por el Jefe de Estado.
Hasta ahora, ha propuesto postulantes para cargos de primer nivel (jefes de servicio) y de segundo nivel, que dependen de los anteriores. Hasta mayo de 2010 han sido provistos 690 cargos, lo que representa un 89% de avance en el primer nivel y el 78% en el segundo.
El balance después de poco más de 6 años de funcionamiento es ampliamente positivo, a pesar que todavía está en etapa de formación y aprendizaje, tal como lo establecen Gianni Lambertini y Ernesto Silva en un completo análisis, lo cual obliga al Presidente Piñera a entregarle un apoyo decidido para continuar avanzando.
Sin embargo, hay algunas carencias no resueltas. Las más importantes:
• Evitar pedir la renuncia anticipada a autoridades ya designadas, tal como ha ocurrido en muchos casos durante el actual Gobierno; ello deslegitima el sistema.
• La extensión de los períodos de subrogancia, postergando los concursos.
• La excesiva demora en los nombramientos, así como la frecuencia en que se declaran desiertas algunas propuestas de la ADP.
• La reticencia de los ministros frente a un sistema que les reduce sus atribuciones lleva a la escasa importancia que otorgan a los Convenios de Desempeño y a la evaluación de los designados.
• La necesidad de extender la acción de la ADP a nuevos servicios en el Gobierno Central y, en el futuro, a los directorios de las empresas públicas, altos funcionarios del Poder Judicial y de la Contraloría.
• Hacer cambios en el sistema de remuneraciones, suprimiendo algunos límites, especialmente en los estímulos al desempeño. En algunos altos cargos se genera una discrepancia con los niveles del sector privado.
• La reducida participación de postulantes que vienen del sector privado (15%) y que son mujeres (35% de los designados).
Desde el punto de vista institucional, se mantiene el debate acerca de la dependencia del Servicio Civil (DNSC) y, por lo tanto, del ADP, actualmente bajo Hacienda, por su responsabilidad sobre los fondos fiscales y su experiencia en el manejo de los recursos humanos del Sector Público. Por otra parte, se argumenta la necesidad de traspasar esta función al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por tener una visión más general del Estado y para evitar la excesiva concentración de poder en el primero y la necesidad de otorgar mayor autonomía a la ADP.
Uno de los aspectos que debe mantenerse es la composición del Consejo de la ADP. Si bien ha dado lugar al respectivo cuoteo, al menos ha asegurado la necesaria neutralidad política en las propuestas. Permanece el cuestionamiento del 5º integrante, ya que la presidencia es designada por el Jefe de Estado; debería buscarse un procedimiento que asegurara la autonomía del Consejo.
En definitiva, el ADP se ha ido consolidando a través de sus acciones y resulta un poderoso instrumento para cumplir el objetivo de la modernización del Estado, al fortalecer la eficiencia y probidad con que funcionan los servicios públicos. Sin embargo, por ser una entidad en formación, que presenta aún varios problemas de funcionamiento, debería tener un fuerte respaldo del gobierno, para suprimir las trabas, ampliar su ámbito de acción y evitar pasar a llevar sus acciones modificando las designaciones ya efectuadas, por consideraciones que quitan estabilidad al funcionamiento del Estado.